Apostilla de títulos
académicos para
personas en movilidad
humana provenientes de
Venezuela que se
encuentran en Colombia
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1. Introducción
De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial Migración Colom-
bia (2023), hay aproximadamente 2,8 millones de personas en movi-
lidad humana forzada provenientes de Venezuela presentes en el
país. Gran parte de esta población huyó de su territorio, en contra de
su voluntad, con la esperanza de llegar a un lugar en donde sus dere-
chos se vean protegidos (Migración Colombia, 2023). En la actuali-
dad, el Estado colombiano busca avanzar en el acceso a vivienda,
educación y trabajo para estas personas y busca garantizar una mejor
inserción en la sociedad colombiana para la garantía de su dignidad
humana (CONPES, 2022).
Como parte del ejercicio de generar una integración para la población
proveniente de Venezuela, se encuentra el proceso de apostilla. La
Convención sobre la abolición del requisito de legalización para docu-
mentos públicos extranjeros (1961), especifica que la apostilla corres-
ponde al sello o estampilla, que avala la veracidad de la firma de un
funcionario público, sobre un documento .
En Colombia, este sello es uno de los pasos requeridos para concretar
la convalidación de títulos provenientes del extranjero, debido a que
brinda constancia acerca de la autenticidad de un título o certificado
educativo. En este sentido, la convalidación de títulos académicos es
un proceso mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional re-
conoce un título obtenido en el exterior para que la persona titulada
pueda hacer uso del mismo en Colombia.
Para convalidar un título emitido en Venezuela, las autoridades com-
petentes en ese país deben otorgar la apostilla, de esta forma el
Estado colombiano puede aprobar la convalidación del título para
que surta efectos legales en el territorio colombiano.
Los títulos convalidados le permiten a la población en movilidad
humana forzada proveniente de Venezuela acceder a la educación y
a trabajo . Sin embargo, a muchas personas, parte de esta población,
se han enfrentado a diversas barreras al momento de realizar los trá-
mites de convalidación de títulos porque estos no cuentan con la
apostilla (Fernández et al., 2022).
Si bien, existe un proceso estructurado para la obtención de la apos-
tilla en Venezuela, en el desarrollo de las actividades del Servicio Je-
suita a Refugiados Colombia (JRS/COL) se ha identificado que buena
parte de personas, poseedoras de títulos venezolanos, han encontra-
do obstáculos para obtener la apostilla, los cuales están asociados a
factores como: A) La apostilla requiere de una serie de costos , identi-
ficados, los cuales corresponden aproximadamente a 33 salarios mí-
nimos mensuales venezolanos y; B) La apostilla requiere de un trámi-
te que debe hacerse de manera presencial en territorio venezolano.
En este sentido, la presencia de un Consulado de Venezuela en Co-
lombia permite agilizar los trámites de la apostilla, pero no elimina las
barreras existentes para el acceso a dicho procedimiento. Dentro de
este consulado, por ejemplo, cualquier persona venezolana residente
en Colombia puede obtener la validez de sus documentos. Allí, los
costos individuales de la apostilla son de 60USD por documento, pre-
ferentemente en la moneda mencionada, aunque también se acep-
tan pesos colombianos.
“Los países que originan la migración pueden ser parte de la solución a esta problemática que se debe afrontar de manera conjunta, con
respuestas efectivas aleja - das de la retórica. Los migrantes se vieron obligados a dejar su país contra su voluntad. Una persona con garantías
y derechos piensa menos en dejar su terruño. Las personas se han visto obligadas, por una situación difícil en sus países, o por bloqueos
económicos, como los casos de Cuba, Haití ó Venezuela, o por motivos socioeconómicos como en Ecuador” (Pg 5, Migración Colombia. 2023)
Este proceso, que también se puede realizar de manera electrónica, es esencial para garantizar la autenticidad de cualquier documento públi-
co. En la actualidad, cualquier persona puede obtener la validez de sus documentos sin necesidad de acudir a una oficina, sin embargo, y
específicamente en el caso venezolano, la legalización de los sellos mencionados requiere de verificación presencial.
El cual se materializa cuando las personas pueden convalidar sus títulos académicos y, de esa forma, aspirar a continuar sus estudios tecnoló-
gicos o superiores.
Dado que la apostilla es un requisito para la convalidación de los títulos con los cuales muchas personas en movilidad humana forzada quieren
ejercer aquello que estudiaron y competir en igualdad de condiciones dentro del mercado laboral colombiano.
Los cuales conllevan, principalmente, el pago de un gestor/intermediario.
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En el Consulado, se destaca que el proceso es rápido, completándose
en menos de 24 horas y permitiendo que cada individuo tenga la ca-
pacidad de apostillar hasta 10 documentos de manera simultánea. Sin
embargo, es importante destacar que, aunque en este lugar se puede
realizar la apostilla, no se puede llevar a cabo el proceso de legaliza-
ción, lo que significa que las personas deben viajar a Venezuela para
completar el proceso y garantizar la autenticidad de la firma de sus
documentos a nivel internacional.
Por estas razones, el JRS/COL emite el presente reporte que eviden-
cia cómo la apostilla puede significar una barrera de acceso al dere-
cho al trabajo de las personas en movilidad humana provenientes de
Venezuela. En las siguientes páginas también se hará un análisis
sobre los vacíos y obstáculos contenidos en el proceso de obtención
de la apostilla de títulos académicos venezolanos y su implicación en
el contexto colombiano para las personas con necesidad de protec-
ción internacional.
2. Gestión burocrática de
la apostilla.
Julia* es una venezolana de 54 años, que hizo un curso técnico en el
sector administrativo. Ella dirigía un local donde se comercializaban
productos químicos. La dueña del negocio confiaba plenamente en
ella, por lo que la dejó a cargo “Duré 1 año y 6 meses trabajando allí y
me vine para Colombia cuando ya la cuestión estaba fea” (2023).
Julia no pensó en incluir la apostilla dentro de sus prioridades,
porque los recursos que conseguían se destinaban a la alimentación
de ella, su esposo y sus tres hijos. Julia expresa que planeaba trami-
tar la apostilla cuando las condiciones del país mejoraran, pero “la
cuestión se fue poniendo peor”, por lo que tuvo que desplazarse hacia
Colombia, dejando su casa deshabitada. Cuando volvió a Venezuela
se encontró con un escenario desalentador.
La casa me la... todo se lo
llevaron.
Cuando llegué a la casa estaban los papeles tirados, todo en el piso,
con el tiempo se mojó. Todo eso se me perdió. Ahorita yo para conse-
guir un papel de eso... yo creo que no me va a alcanzar la vida para
conseguir la plata para yo ir a hacer eso, porque eso cuesta mucho.
Allá no es como acá, allá es dólares. Allá para sacar un pasaporte, así
ya lo hayas tenido, son como 300 USD. Más si tú te trasladas hasta
allá, y el tiempo que te gastas hasta allá, ¡Cuánto no vas a necesitar!
(Julia*, venezolana, 2023).
Para Julia, volver a Venezuela a apostillar su título no es una posibili-
dad, debido a los costos de volver a ese país. Esto la desmotiva a con-
tinuar con el proceso para convalidar su título tecnológico. Por ello,
con el acompañamiento del JRS/COL, Julia está realizando el proce-
so de convalidación de su bachillerato, a través de las pruebas ICFES.
Así como Julia, muchos venezolanos en movilidad humana forzada
tuvieron que dejar atrás lo que habían construido, con la esperanza
de conseguir oportunidades de vivir dignamente. Tal es el caso de
José*. Él es un venezolano de 34 años, radicado en Colombia desde
2017. Se graduó de administración de empresas en el país vecino y es-
tudiaba una segunda carrera: contaduría; sin embargo, decidió salir
de Venezuela porque los insumos necesarios para vivir escaseaban.
“Los pasajes se estaban volviendo insostenibles; si gastaba pasajes
para ir a la universidad, dejaba de comprar comida para la casa”.
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Yo traje primero el título y las
notas apostilladas,
que era lo que requería el ministerio de educación para hacer la ho-
mologación del título. Pero a finales del 2017, el gobierno colocó un
decreto en donde se volvía obligatorio presentar los programas
(materias) de la carrera. Eso es lo más tedioso para nosotros porque
esos programas se piden en la facultad de la Universidad, de ahí va a
Rectoría, ahí lo firman los rectores, los secretarios, y luego de eso
tocaba apostillar, pero tocaba apostillar cada documento, y son entre
43 y 45 programas (José*, venezolano, 2023).
Durante sus primeros dos meses en Colombia, José averiguó lo que
necesitaba para convalidar su título. Luego de esto, se devolvió a Ve-
nezuela para conseguir los documentos pertinentes.
A José le solicitaron el sello húmedo en cada una de las materias que
había cursado durante su carrera. Para él, dichos trámites eran muy
difíciles de pagar teniendo en cuenta que “cada apostilla en Venezue-
la está entre 200 y 250 USD”. Por este motivo, dejó de investigar al
respecto y no siguió adelante con el proceso de convalidación. Esperó
hasta el año 2022, cuando logró hacer el proceso, con ayuda de fami-
liares que seguían en Venezuela, gracias a que el proceso de convali-
dación ya no requería la apostilla en los programas académicos.
Para muchas personas en movilidad humana forzada no es viable
desplazarse hacia Venezuela a realizar el trámite de apostilla debido
a los altos costos del sello húmedo o a los costos derivados de volver
a ese país. Por esto, varios de ellos optan por pagar a los gestores dis-
ponibles para que se hicieran cargo de este proceso sin necesidad de
trasladarse. Angélica* es una adulta joven, oriunda del Estado de
Zulia. Es graduada en ingeniería de gas natural. Tiene un año de expe-
riencia, el cual ganó en una petrolera venezolana. Para ella:
Esos trámites son bastante
tediosos.
Requieren mucho tiempo porque uno tenía que ir a otros Estados. Yo
no tenía ni el tiempo ni el dinero, así que le pagamos a una gestora
que se encargaba de hacer esos trámites. Me costó alrededor de 100
– 120 dólares toda la apostilla de los papeles. Pero ahora cada uno
de los papeles tiene ese mismo valor (Angélica*, venezolana, 2023).
Si bien, hasta el momento se han resaltado los problemas existentes
en la gestión burocrática de la apostilla, a esto se suman los impedi-
mentos para realizar este trámite provocados por la corrupción que
permea a sector público del país. El precio de la apostilla venezolana,
según lo que manifiestan las personas que el JRS/COL ha atendido,
es producto de una confabulación entre funcionarios e intermedia-
rios particulares para sacar su propio provecho de los pagos que rea-
lizan los solicitantes.
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No era tan complicado como
ahorita.
Ahorita tú entras a las páginas y no hay cita. Eso es a propósito, para
que la gente tenga obligatoriamente que pagar. Porque eso que se
paga los 200 USD no es pago del arancel, es el pago a un tercero/ges-
tor para que haga eso. Es una mafia que hay allá. Es una corrupción.
Cuando yo lo hice no estaba tan corrompido eso. Yo entré a la página,
saqué mi cita, mandé los documentos y pagué el arancel para que me
agilizaran el proceso. Ahorita es 200 USD o nada (José*, venezolano,
2023).
La asociación entre funcionarios e intermediarios particulares fue
delineando el escenario para actos de corrupción (CDH-UCAB, 2021).
En 2019, la Cancillería venezolana creó un sistema de apostilla elec-
trónica para evitar el pago de gestores, sin embargo “los trámites re-
quieren la presencia física del interesado o de su apoderado” (UCAB,
2021). Esta falta de eficiencia en el proceso extendió las redes de co-
rrupción en las que se ven implicados gestores y funcionarios públi-
cos venezolanos.
Al igual que José, otras personas en movilidad humana forzada pro-
venientes de Venezuela evalúan y experimentan obstáculos desliga-
dos de la gestión burocrática y a los altos costos económicos. Las
nuevas barreras se resumen en la percepción de inseguridad, inco-
modidad y desconfianza que surge en torno de la idea de volver a
transitar por territorio venezolano.
Temor por su seguridad
Muchas personas con necesidad de protección internacional prove-
nientes de Venezuela no ven el retorno a este país como una opción
para tramitar la apostilla. Gran parte de esta población siente insegu-
ridad, incomodidad o desconfianza de volver a territorio venezolano,
puesto que no sienten que sus derechos sean protegidos por las au-
toridades de ese país, por el contrario, consideran que pueden ser
víctimas de abusos de autoridad por parte de la fuerza pública.
Carolina es una joven adulta que lleva 6 años viviendo en Colombia.
Creció en una familia que ejercía activismo político, en oposición al
gobierno venezolano. Comenzó a resaltar en la política como repre-
sentante de las mujeres jóvenes. Carolina relata que los últimos días,
antes de salir de Venezuela, sentía nervios porque su vida corría peli-
gro. Esta sensación la impulsó a salir del país apenas tuvo la oportuni-
dad, “lo primero que tu piensas es en salir”.
Mi vida estaba en posibilidad de
ser perseguida y decidí salir
(de Venezuela)
antes de que eso pasara. Varias personas a mi alrededor, compañeros
que estaban siendo ya perseguidos, con amenazas. Antes de que
fueran a llegar (a ella) yo decidí salir (Carolina*, venezolana, 2023).
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Luego que vieron que yo
conocía un poco la legalidad,
sabían que yo no estaba cometiendo ningún delito. Empezaron a ex-
torsionarme, a pedirme dinero, entonces me decían como: “si me das
unos 300 USD te dejamos ir o si no te vamos a poner que estás in-
fringiendo las normas (Carolina*, venezolana, 2023).
Su vida también fue amenazada por parte de las autoridades venezo-
lanas que operan en zona fronteriza. Cuando iba a sellar el pasaporte
para desplazarse a Colombia, las autoridades la buscaron en el siste-
ma y se dieron cuenta de que es una activista política. Retuvieron su
pasaporte por más de 2 horas. Ante esto, ella reclama que legalmente
no la pueden tener retenida.
Ella discutió con los policías con argumentos jurídicos. Sin embargo
“no me dejaban salir. Ya me habían dado el pasaporte, pero no me de-
jaban salir. Estuve retenida ahí como 1 hora más”. Finalmente la libe-
raron cuando llegó un supervisor, el cual le dijo: “te vamos a dejar ir
hoy, pero no creas que eso siempre va a estar pasando”.
Durante esta experiencia “estaba muy asustada, la verdad. No sabía
qué podía pasar conmigo”. Por temas de seguridad, Carolina decidió
dejar sus documentos en Colombia. No obstante, tiene un contacto
de confianza dentro del sistema burocrático venezolano, por lo cual
pudo apostillar su título sin necesidad de estar presente en el país
vecino.
El caso de Carolina no está aislado, puesto que muchas más personas
con necesidad de protección internacional, provenientes de Vene-
zuela, se sienten inseguras de volver a su país de origen. Marlene* es
una mujer oriunda de Caracas, Venezuela. Allí trabajaba en el área de
hotelería. Lleva 7 años viviendo en Colombia y, junto con su esposo,
tiene una productora audiovisual. Desde que se desplazó hacia Co-
lombia no ha vuelto al país vecino.
En mi caso, (la barrera) es la
inseguridad
porque entrar a Venezuela no es tan fácil. Entrar a Venezuela pasan-
do la frontera, ya el primer guardia te quiere quitar dinero, si llevas
los títulos, te los quitan arbitrariamente. Esa realidad la conoce cual-
quier venezolano. Todo lo requisan, todo ven. “¿Para qué quieres el
título? ¿quieres trabajar fuera?” (Imita a los guardias fronterizos) Ahí
de una te lo quitan (Marlene*, venezolana, 2023).
De esta forma, la apostilla, como requisito sustancial para la convali-
dación de títulos, se convierte en una vulneración al principio de no
devolución. El principio de no devolución es la “piedra angular del sis-
tema internacional de protección a los refugiados” (ACNUR, 2004, p.
441). Este principio está en contra de la expulsión o cualquier forma
de devolución de las personas hacia los territorios donde la vida o
libertad de las mismas puedan estar en peligro. Como lo detalla el ar-
tículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a
otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la
libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, na-
cionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas
(CIDH, 1969, parágrafo 8).
Por esto, el principio de no devolución implica cualquier medida polí-
tica o normativa que implique el retorno de una persona a las fronte-
ras en la cuales se siente insegura. Por este motivo, la apostilla podría
traducirse en un riesgo que amenaza con vulnerar este principio,
dado que en Colombia no hay excepciones para los títulos emitidos
en Venezuela, y la apostilla debe ser efectuada en este territorio de
donde las personas huyeron, según mencionan, para construir una
vida digna.
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En resumen, la apostilla es un requisito para convalidar títulos y certi-
ficados académicos en Colombia, y para las personas en movilidad
humana forzada provenientes de Venezuela, los títulos convalidados
constituyen un documento relevante a la hora de aspirar a un empleo
formal. Sin embargo, la apostilla conlleva retornar a su país de origen
y realizar una gestión burocrática, características determinantes para
que las personas se abstengan de convalidar sus títulos.
La gestión burocrática de la apostilla actualmente conlleva altos
costos relacionados al pago de intermediarios y, a gastos referentes
al desplazamiento al territorio venezolano; cuestiones que rondan los
200 USD.
Los costos referentes al proceso son ocasionados por un incremento
en la corrupción del sistema burocrático. Estas tarifas son insosteni-
bles para las personas con necesidad de protección internacional, las
cuales llegan al territorio colombiano en búsqueda de recursos para
su sustento. Esta situación, aunque pueda verse aliviada por la pre-
sencia de un consulado venezolano en Colombia, sigue generando
limitaciones en el acceso a un procedimiento justo y coherente con el
contexto de la movilidad humana forzada.
Además de esto, el proceso de retorno a Venezuela conlleva, para
gran parte de la población en cuestión, un riesgo a su seguridad
porque sienten que las autoridades de ese país pueden privarlos de
su libertad o de sus documentos. Esta concepción nace de la descon-
fianza que han construido las autoridades del país vecino, puesto que
los testimonios relatan que han abusado de su autoridad en diversas
ocasiones y circunstancias.
Por estos motivos, la población acompañada por el JRS/COL percibe
la apostilla como un requisito muy difícil de cumplir, ya que implica
incurrir en los altos
Conclusiones
precios del proceso y exponer sus vidas a amenazas. Según lo visto
durante el informe, se realizan las siguientes recomendaciones al
Estado colombiano:
1. Crear medios alternativos a la apostilla para comprobar la vera-
cidad de los títulos académicos obtenidos en Venezuela.
2. Reconocer que, la movilidad humana forzada proveniente de Ve-
nezuela posee el perfil de protección internacional, el cual no solo im-
plica la obtención de la condición de refugio, sino también una carga
de parte del Estado receptor en promover que las personas que viven
dicha movilidad puedan acceder a todos los trámites, teniendo en
cuenta tanto las situaciones que los motivó a salir, así como también
las barreras a las que se pueden enfrentar.
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Para la obtención de la apostilla en Venezuela se deben realizar los
siguientes pasos:
1. Las personas deben contar con los documentos que quieren
apostillar, previamente legalizados, para iniciar el trámite de aposti-
lla.
2. Si quieren apostillar documentos como licencias de conducción,
antecedentes penales y certificación de datos para efectos consula-
res, las personas deben, primero, entrar al sitio web legalizacion-
ve.mppre.gob.ve
a. Deben hacer clic en el apartado “Sistema de Legalización y Apos-
tilla Electrónica” y registrarse de la manera indicada.
a. Luego de registrarse, se les pide completar su perfil con los datos
personales.
b. Se solicita una cita, la cual se exige que sea atendida de manera
presencial en el territorio.
c. Después de haber concertado la cita, es necesario legalizar el docu-
mento ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
Legalizar el documento en un Registro o Notaría de SAREN conlleva el
pago de un arancel consular de aproximadamente 65 USD y este
también debe ser realizado de manera presencial en Venezuela.
Ruta de apostilla en Venezuela
3. Si las personas desean apostillar otro documento, deben dirigir-
se presencialmente al Consulado o, en su defecto, viajar a Venezuela.
4. Las personas deben ir con todos los documentos legalizados
junto con el comprobante de la Planilla Única de Beneficiario (PUB)
que evidencie la consignación.
5. Asistir a la cita presencial con los documentos requeridos. Este
termina siendo uno de los obstáculos principales para las personas
en movilidad humana forzada, debido a que sienten temor de volver
a ese territorio.
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nes_deroga_resolucion_10547_de_2018_0.pdf
Apostilla de títulos
académicos para
personas en movilidad
humana provenientes de
Venezuela que se
encuentran en Colombia
